Mientras los miembros del Gobierno intentan negar lo evidente, la bancada nacionalista pedirá hoy, ante el Pleno del Congreso, que se derogue el cuestionado artículo de la Ley de Presupuesto General de la República para el año 2010 que, en la práctica, abre las puertas para el copamiento aprista en el sector público.
Consultados por Perú.21, los parlamentarios Marisol Espinoza y José Urquizo indicaron que se trata de “un escándalo”, y señalaron que el Congreso no debe esperar un día más para eliminar el dispositivo, que fue incluido de contrabando durante el debate final de la mencionada norma, la semana pasada.
Urquizo subrayó que, en los últimos tres años, muchos apristas ingresaron al aparato estatal solo por su militancia partidaria o por su cercanía a los titulares de los diferentes sectores, pero no por méritos. Desde el viernes pasado, esta maniobra ha generado duras críticas por parte de representantes de Unidad Nacional y del fujimorismo.
EN PRESUPUESTO. Para el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Rebaza, el camino para revisar la norma es otro. En conversación con Perú.21, anotó que, el próximo miércoles, su grupo de trabajo definiría si modifica o deroga la medida mediante un nuevo proyecto de ley específico.
Dijo que ha conversado con el Ministerio de Economía y con la Presidencia del Consejo de Ministros, y que están de acuerdo en que se incluyan precisiones a la norma. “Creemos que cualquier norma puede ser perfeccionada para que no se interprete erróneamente (...) Si la quieren derogar, que la deroguen”, manifestó el legislador aprista. Sin embargo, reiteró que fue aprobada por mayoría, siguiendo el trámite regular, y negó que se busque favorecer a los miembros del partido de gobierno.
En la misma línea se pronunció el congresista y secretario general del Apra, Mauricio Mulder, quien sostuvo que la norma no tiene connotación política. Además, expresó que son “poquísimos”, y que “no pasan ni de 20”, los apristas incorporados al aparato público como empleados. Aseguró que la mayoría ingresó para ocupar cargos de confianza.
Enfatizó que revela poca seriedad salir a cuestionar la norma después de su aprobación, pese a que se tuvo 11 horas de debate en el Pleno para advertir cualquier irregularidad.
Consultados por Perú.21, los parlamentarios Marisol Espinoza y José Urquizo indicaron que se trata de “un escándalo”, y señalaron que el Congreso no debe esperar un día más para eliminar el dispositivo, que fue incluido de contrabando durante el debate final de la mencionada norma, la semana pasada.
Urquizo subrayó que, en los últimos tres años, muchos apristas ingresaron al aparato estatal solo por su militancia partidaria o por su cercanía a los titulares de los diferentes sectores, pero no por méritos. Desde el viernes pasado, esta maniobra ha generado duras críticas por parte de representantes de Unidad Nacional y del fujimorismo.
EN PRESUPUESTO. Para el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Rebaza, el camino para revisar la norma es otro. En conversación con Perú.21, anotó que, el próximo miércoles, su grupo de trabajo definiría si modifica o deroga la medida mediante un nuevo proyecto de ley específico.
Dijo que ha conversado con el Ministerio de Economía y con la Presidencia del Consejo de Ministros, y que están de acuerdo en que se incluyan precisiones a la norma. “Creemos que cualquier norma puede ser perfeccionada para que no se interprete erróneamente (...) Si la quieren derogar, que la deroguen”, manifestó el legislador aprista. Sin embargo, reiteró que fue aprobada por mayoría, siguiendo el trámite regular, y negó que se busque favorecer a los miembros del partido de gobierno.
En la misma línea se pronunció el congresista y secretario general del Apra, Mauricio Mulder, quien sostuvo que la norma no tiene connotación política. Además, expresó que son “poquísimos”, y que “no pasan ni de 20”, los apristas incorporados al aparato público como empleados. Aseguró que la mayoría ingresó para ocupar cargos de confianza.
Enfatizó que revela poca seriedad salir a cuestionar la norma después de su aprobación, pese a que se tuvo 11 horas de debate en el Pleno para advertir cualquier irregularidad.
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